Impugnar un despido nos permite manifestar nuestra disconformidad con la decisión de la empresa de dar por terminado nuestro contrato. Como resultado podremos obtener el amparo de los poderes públicos, lo que nos podría conducir a recuperar nuestro puesto de trabajo o, al menos, a cobrar una mayor indemnización.
En este artículo exploramos el proceso de impugnación del despido, así como las consecuencias que pueden derivarse de tal impugnación. Pero antes de empezar debemos destacar que los plazos para ejercitar nuestros derechos son muy cortos, por lo que conviene que busquemos asesoría legal lo antes posible.
Para entender la impugnación del despido debemos aclarar tres conceptos previamente:
Así, la impugnación del despido trata de señalar la razón por la cual la decisión extintiva de la empresa no se ajusta a la legalidad. Es decir, por qué cae en uno de esos supuestos en que el despido no es completamente libre y debe, por tanto, bien indemnizarse o bien dejarse sin efectos.
Por regla general, el proceso de impugnación del despido consta de dos etapas:
Ambas etapas se regulan en detalle en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
El acto de conciliación o mediación es un requisito previo a la presentación de la demanda, salvo en despidos colectivos o cuando se pretenda la defensa de derechos fundamentales o libertades públicas.
Para iniciar esta etapa deberemos presentar papeleta de conciliación, lo que suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. En el siguiente apartado se entenderá la relevancia de estos plazos.
En futuros artículos profundizaremos sobre el acto de conciliación o mediación.
Como hemos visto, salvo en contadas ocasiones, siempre necesitaremos tramitar la conciliación o mediación antes de acudir ante el juez. Intentada la conciliación tendremos que presentar una demanda para recabar su auxilio.
El mayor problema en este punto es que tan solo dispondremos de un plazo de 20 días hábiles para presentar la demanda. Por eso es importante detener los plazos mediante la presentación de la solicitud de conciliación y contactar con especialistas en la materia rápidamente.
De hecho, en el caso de que no estemos conformes con una carta de despido o de sospechar que vamos a ser objeto de un despido, es una buena idea ir contactando con laboralistas por si necesitamos su ayuda en un futuro.
El objetivo de la impugnación de un despido no es más que obtener la calificación del mismo. De la calificación del despido dependerán sus efectos jurídicos, existiendo tres posibilidades:
Como decimos, un despido es procedente cuando es acorde a los requisitos y formalidades impuestos en el Estatuto de los Trabajadores. Que dé lugar o no a una indemnización dependerá del tipo de despido (sobre esto profundizaremos en futuros artículos). En cualquier caso, la declaración de procedencia del despido simplemente convalida sus efectos.
El despido puede calificarse como improcedente cuando no se ajuste a la legalidad. Por ejemplo, puede que la empresa no haya concedido el correspondiente preaviso o que las razones alegadas en la carta de despido no sean ciertas. Cuando el Juez determina la improcedencia de la decisión extintiva la empresa tendrá que elegir entre pagar una mayor indemnización o readmitir a la persona trabajadora, abonándole los salarios de tramitación.
El despido se calificará como nulo cuando resulte discriminatorio o atente contra derechos fundamentales o libertades públicas. En estos casos quedará sin efectos, por lo que se deberá readmitir inmediatamente a la persona trabajadora y abonarle los salarios de tramitación. En su caso, se podrá exigir una indemnización por daños morales.
Como ves, al impugnar un despido abrimos varias posibilidades. Cada tipo de despido requiere una impugnación particular y cada declaración conlleva unos efectos, de los que aquí solo hemos recogido un resumen. Sigue nuestro blog si quieres conocer en detalle cada uno de estos elementos o contacta con nosotras si necesitas encontrar laboralistas para impugnar tu despido.
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