Al hablar de delitos contra la intimidad encontramos un conjunto de actividades criminales variado. Nuestro Código Penal tipifica el acceso y revelación de información personal o secreta, pero también la entrada no consentida al domicilio o a establecimientos abiertos al público.
Además, los delitos contra la intimidad son de los más frecuentes en el sector de la ciberdelincuencia. Consciente de ello, el legislador ha incluido en este conjunto de delitos todos aquellos crímenes contra la intimidad cometidos a través de medios informáticos.
Por tanto, se puede ser víctima de un delito contra la intimidad tanto en el mundo físico como en el digital. Pero la reacción en ambos casos debería ser la misma: solicitar asistencia jurídica y denunciar la agresión. Aunque las leyes avancen a menor ritmo que la tecnología, nuestro Ordenamiento Jurídico nos ofrece herramientas para defendernos de estas conductas tanto en su versión tradicional como en la digital.
Nuestra Constitución hace continuas referencias al derecho a la intimidad. Por ejemplo, cuando señala la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones (art. 18). O cuando prohíbe que se pueda obligar a nadie a declarar sobre su ideología, religión o creencias (art. 16). Incluso, en algunos casos, dispensa a las personas de la obligación de declarar sobre hechos presuntamente delictivos si concurren razones de parentesco (art. 24).
En definitiva, nuestro Ordenamiento Jurídico entiende que la intimidad es crucial para vivir en libertad y determinar nuestra personalidad. Razón por la cual recurre al sistema penal para castigar aquellas agresiones que afectan a la intimidad de las personas.
Cabe destacar que existen ataques que, aunque por su menor gravedad no se consideren delitos, sí están sancionados por el ordenamiento civil. Estos entran en juego principalmente en cuestión de protección de datos personales, que no es más que otra faceta de la intimidad protegida por nuestras leyes.
En definitiva, entendemos la intimidad como un concepto amplio, que incluye un espacio íntimo y reservado de cada persona o grupo. Acceder de forma no autorizada a este espacio, que puede ser físico (domicilio) o espiritual (información, conocimientos, emociones, compromisos) supone por tanto una agresión que puede llegar a constituir un delito contra la intimidad.
Como hemos visto, la intimidad puede entenderse en un sentido físico o espiritual, razón por la cual podemos diferenciar, al menos, dos tipos de delitos contra la intimidad.
Acceder a secretos o vulnerar la intimidad de una persona sin su consentimiento se considera delito de descubrimiento de secretos, ex art. 197 del Código Penal. Las conductas tipificadas incluyen cualquier clase de intromisión, física o informática. También incluyen el uso de instrumentos técnicos, como los de grabación o escucha.
La pena asociada estos delitos es de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Sin embargo, estas penas serán más duras si además se revelan los secretos (datos o hechos) descubiertos.
También supone una agravante:
Como hemos indicado, nuestro Código Penal sanciona los atentados contra la intimidad realizados por medios digitales. Un claro ejemplo es el sexting, que consiste en compartir o acceder a contenidos sexuales.
De hecho, aunque los contenidos (frecuentemente vídeos o fotografías) se hayan adquirido con el permiso de la persona afectada, difundirlos sin autorización supondrá condenas de prisión de tres meses a un año o multas de seis a doce meses.
La situación se agrava cuando la víctima fuera o hubiera sido pareja del agresor. De modo que el legislador incluyó estas conductas entre los delitos de violencia de género para tratar de atajar infracciones frecuentes como el sexting o el porn revenge.
También requiere especial atención el caso del hacking o, mejor dicho, cracking (ya que el hacking no es delictivo por definición). Y es que nuestro Código Penal sanciona:
Nuestro Código Penal también reserva condenas superiores para los casos en que alguno de los anteriores delitos se cometa por:
Además, las personas jurídicas son susceptibles de responsabilidad criminal por los delitos contra la intimidad, por lo que conviene prever esta circunstancia en los programas de corporate compliance.
Por último, cabe señalar que estos delitos contra la intimidad solo pueden perseguirse previa denuncia de la persona agraviada, salvo que:
Salvo que la persona agraviada se encuentre entre las recién señaladas, el perdón del ofendido, prestado de forma expresa y antes de que se dicte Sentencia, extinguirá la acción penal.
Acceder de forma no autorizada al domicilio también se considera un delito contra la intimidad. En este caso estamos ante una cuestión relativamente compleja, especialmente si tenemos en cuenta cuestiones como:
En definitiva, el acceso no autorizado al domicilio (sea personal o social) requiere un artículo aparte y, por tanto, lo trataremos en el futuro en este blog. Pero, tratándose de un delito contra la intimidad queríamos señalar sus rasgos básicos, que son:
En el futuro entraremos en detalle en esta clase de delitos. De momento te invitamos a contactar con nosotras si has sido víctima de un delito contra la intimidad para que podamos estudiar tu caso.
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