El delito de detención ilegal suele asociarse con conductas policiales contrarias al protocolo y las garantías legales. Sin embargo, lo cierto es que se trata de un ilícito penal que puede cometer cualquier particular, sea o no miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La clave de las detenciones ilegales es que suponen la retención de un tercero contra su voluntad, por breve que esta resulte. Por tanto, es un delito que atenta contra la libertad de circulación, reconocida como derecho fundamental en nuestra Constitución.
La gravedad de la conducta la hace merecedora de un espacio en el Código Penal, donde se condena la detención ilegal en el artículo 163. Por tanto, nos encontramos ante un delito de especial gravedad, castigado con la privación de libertad en la mayoría de las ocasiones.
La detención ilegal supone el encierro o detención de otra persona, privándole de su libertad. Recordemos que la Constitución señala la libertad como uno de los valores superiores del Ordenamiento Jurídico (art. 1). Además, protege especialmente la libertad como derecho fundamental en su artículo 17.
Sin entrar a considerar la defensa de la libertad en diferentes instrumentos de Derechos Fundamentales, bastará la remisión a nuestro texto constitucional para entender que este tipo de detenciones suponen un grave atentado, merecedor de la condena penal.
La conducta sancionada en el art. 163 CP es la privación de la libertad deambulatoria. Esto implica que estamos ante un delito instantáneo. Es decir, no importa el tiempo por el cual quede detenida o encerrada la víctima para calificar la conducta como delictiva.
Esta duración sí puede afectar a la graduación de la pena, como veremos más adelante. Graduación que también puede verse afectada por el móvil de la detención.
Como hemos señalado en la introducción, no estamos ante un delito especial. Es decir, la detención ilegal no es un delito que exija ninguna condición personal para cometerse.
Es importante señalar esta cuestión, porque muchas personas consideran que la detención ilegal es la que realiza una Autoridad faltando al procedimiento. Pero lo cierto es que también puede cometer este delito cualquier persona sin la condición de Autoridad, como veremos más adelante.
Nótese que en la comisión de este delito pueden intervenir más personas además del ejecutor. De hecho, el Código Penal reserva una pena inferior en uno o dos grados de la del agresor para quienes hayan provocado, conspirado o propuesto el delito.
En general, este delito se sanciona con una pena de prisión de cuatro a seis años. Sin embargo, y al margen de las concretas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran, existen diferentes modalidades del delito.
Al margen de la modalidad general de la detención ilegal, existen algunas modalidades agravadas. Así:
También existen formas de cometer este delito que supondrán una condena menor:
La sanción de este delito acepta un supuesto especial de agravación, provocado tras la captura del agresor. Se reserva para aquellos casos en que, capturado el criminal, la víctima sigue en paradero desconocido.
En estos caso, si el reo ocultara el paradero de la víctima se agravarán las condenas, estableciéndose entre diez y quince años de prisión para las detenciones ilegales y entre quince y veinte años para los secuestros.
De nuevo, las penas se agravarán todavía más cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o cuando el autor pretendiera atentar contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima o efectivamente lo hiciera.
Si existe la creencia general de que este delito se produce solo por Autoridades es porque, efectivamente, la naturaleza de sus funciones las hace más proclives a cruzar la línea delictiva. Por ejemplo, la policía debe detener diariamente a personas, cumpliendo un procedimiento determinado y garantista. De modo que está más expuesta que un particular a la comisión de un delito de detención ilegal.
Sin embargo, estos funcionarios deben ser especialmente escrupulosos en el cumplimiento de tales garantías, ya que la pena correspondiente se aplicará en su mitad superior cuando lo cometa una autoridad, funcionario público o un particular autorizado por una u otro.
Lo mismo se aplicará a quien prolongue la privación de libertad de un detenido u oculte su situación o paradero privándole de sus derechos legítimos.
Además, siempre que quien cometa este delito sea funcionario público o tenga la condición de autoridad, se añadirá una pena de inhabilitación absoluta por un plazo de entre ocho y doce años.
El derecho de retracto es una figura poco conocida pero muy útil a la hora de cancelar ciertos créditos. En concreto nos permite comprar nuestra deuda, cuando la haya comprado un tercero, al precio que este pagó. De ahí que cada vez se emplee más el derecho de retracto con fondos buitre.
A continuación intentaremos explicar en detalle cómo funciona este instrumento legal, de larga tradición en nuestro ordenamiento jurídico, que promete ser uno de los caballos de batalla en los próximos tiempos para las personas acosadas por sus deudas y por los fondos de inversión.
Parte del desconocimiento del Derecho de Retracto tiene que ver con que se trata de una figura muy técnica. Sin embargo, sus rasgos básicos son relativamente sencillos de entender.
Para exponer la utilidad del Derecho de Retracto ante los fondos buitre es necesario que comencemos explicando cómo funciona la transmisión del crédito en España.
Llamamos crédito a la obligación por la cual el deudor tiene que pagar una cantidad monetaria a su acreedor o acreedores. Todo crédito, por tanto, se establece entre dos personas:
Como cualquier otro derecho, el de crédito puede transmitirse. Es decir, las personas del deudor o del acreedor pueden cambiar sin que por ello decaiga la obligación de pago.
Por ejemplo, si el deudor fallece serán sus herederos quienes ocupen su posición, en caso de aceptar la herencia. Del mismo modo, si el acreedor es una empresa absorbida por otra entidad, será la nueva figura jurídica quien tenga el derecho de cobro.
Por tanto, el crédito puede transmitirse, cambiando de este modo las personas implicadas en la obligación. Esta transmisión puede tener la forma de una venta cuando se produce a cambio de un precio o la de una cesión cuando es gratuita.
Como ocurre en cualquier otra economía de mercado, el sistema jurídico español protege los derechos de crédito. Por tanto, estas transmisiones están sujetas a algunos requisitos.
Como resultado, puede ocurrir que una persona tenga una deuda inicialmente con otra, pero que a lo largo de la vida de esta deuda, la figura del acreedor cambie. Esto es una práctica frecuente en el sector bancario.
Como prestamistas por antonomasia, los bancos tienen numerosos créditos contra muchos de sus clientes. Y evidentemente, la solvencia de algunos de sus clientes no es tal como para garantizar el cobro de sus créditos.
Para evitar perder su dinero, es frecuente que el banco venda estos créditos a otras entidades, conocidas como fondos de inversión. El papel del fondo de inversión será recuperar el crédito adquirido.
Evidentemente, esta inversión tiene sus riesgos, porque puede ser que los deudores adquiridos no tengan solvencia para satisfacer sus créditos y el fondo pierda su inversión. Pero como en cualquier otro negocio, la forma más fácil de compensar este riesgo es pagando un precio inferior.
Así, el fondo de inversión paga cantidades simbólicas al banco a cambio de pluralidades de créditos. De este modo el banco recupera la cantidad pagada por el fondo. Y si el fondo no consigue cobrar el crédito en su integridad, al menos intentará recuperar su inversión y obtener algo de retorno.
Como se puede vislumbrar, sobre esta forma de transmitir créditos se establece un negocio especulativo, donde además el deudor no interviene en ningún momento. El fondo de inversión y el banco negocian con su deuda dejándolo de lado.
Para obtener el máximo retorno de su inversión, los fondos presionan a sus recién adquiridos deudores. En ocasiones lo harán mediante prácticas legales, pero lo más común es que rocen el campo de la ilegalidad o se zambullan de lleno en él.
Así, es común que un fondo de inversión que acaba de adquirir la deuda de una persona la llame constantemente, amenazándole con tomar acciones legales, la presione e incluso la extorsione. Precisamente porque operan de forma especulativa y hostil, esta clase de fondos de inversión se conoce popularmente como fondos buitre.
Evidentemente, el Ordenamiento Jurídico dispone de instrumentos para que los deudores puedan defenderse de este tipo de práctica especulativa. Entre ellos destaca uno particularmente útil para enfrentar a los fondos buitre: el Derecho de Retracto.
El Derecho de Retracto se basa en principios de justicia social. Y es que la intervención de los fondos buitre presenta varias injusticias:
El Derecho de Retracto permite al deudor comprar su propia deuda al precio que pagó su adquirente. En el caso de los fondos buitre, permitiría al deudor pagar el mismo precio que pagó el fondo, en lugar de la cantidad que le estaban exigiendo el banco y el propio fondo.
Dicho de otro modo, el Derecho de Retracto supone una forma alternativa de extinción de la deuda. No es necesario pagar el montante inicial, sino solo el precio de adquisición del mismo.
Para poder recurrir a él es necesario:
Aunque solo existan tres requisitos, tras cada uno de ellos existe numerosa jurisprudencia. No es para menos, habida cuenta de que los principales perjudicados por el Derecho de Retracto son los fondos buitres y su actividad especulativa.
De modo que poco a poco iremos desgranando esta particular figura, que promete ser un salvavidas para miles de personas y empresas en el futuro inmediato. Por lo pronto, esperamos haber transmitido con cierta claridad qué es el Derecho de Retracto y por qué es una herramienta idónea para protegerse de fondos buitre.
Si necesitas más información, no dudes en contactar con nosotras. Estaremos encantadas de atenderte y proporcionarte todas las herramientas que necesites para defenderte de un fondo buitre.
Cuando hablamos de delito de violencia de género, en realidad, nos estamos refiriendo a ciertas características de un acto delictivo. En general podemos hablar de esta clase de delitos cuando se ejecuta un crimen violento, por un hombre contra una mujer, por el mero hecho de serlo.
Pero no hay un “delito de violencia de género” como tal en nuestro Código Penal. Como decimos, la clave está en los sujetos intervinientes y en el móvil, más que en el propio acto. Y ello porque existen diferentes conductas, que conforman diferentes delitos, todos ellos susceptibles de ser ejecutados por un hombre contra una mujer por razones de discriminación.
Para aclarar esta cuestión creemos que es conveniente explicar cuándo estamos ante un delito de violencia de género, qué delitos pueden entrar en esta categoría, cuáles son sus consecuencias y cómo puede reaccionar la víctima. Cuestiones que abordamos en el presente artículo.
En nuestro Ordenamiento Jurídico, la norma clave para entender el concepto de violencia de género es la LO 1/2004. Esta Ley condena la violencia de género como “el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”.
En particular, define el concepto como “una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
Con este punto de partida se entenderá que los poderes públicos tienen el deber de ofrecer soluciones particulares a esta lacra, que atenta contra todas las declaraciones de derechos y contra nuestra propia Constitución. Y precisamente por ello se promulgó la Ley que nos ocupa.
Respecto a los sujetos intervinientes, debemos matizar que no solo se trata de un delito cometido por un hombre contra una mujer. También se exige que esta mujer sea o haya sido su cónyuge, o bien que haya tenido una relación análoga de afectividad. Todo ello al margen de que ambos sujetos hayan o no convivido.
Es importante comprender que la LO 1/2004 persigue el establecimiento de medidas de protección integral. Dicho de otro modo, no se trata de una norma meramente punitiva. Su objetivo es prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Se entiende como tal:
Como vemos, la misma definición de la violencia de género hace que pueda aplicarse a cualquier delito en que intervenga violencia física o psicológica. En particular, encontramos referencias en el Código Penal a:
Con el tiempo iremos explicando en detalle el contenido de estos delitos en nuestro blog, así como las implicaciones de que cada uno de ellos pueda considerarse delito de violencia de género.
El delito de violencia de género lleva aparejada la ampliación de la condena del agresor. En particular:
Como decimos, el Ordenamiento Jurídico no solo trata de sancionar los delitos de violencia de género. Más importantes todavía son los objetivos de sensibilización, prevención y detección.
Estos objetivos suponen ciertas prevenciones genéricas en diversos ámbitos, como el educativo, la publicidad, los medios de comunicación o el sanitario. Tales prevenciones genéricas sirven como principio rector para la actuación de los poderes públicos, ofreciendo en ciertos casos a las víctimas de violencia de género ciertos derechos o facultades particulares.
Pero dentro de los derechos particulares, destacan aquellos derivados del estatuto de víctima de violencia de género. Entre ellos:
Para hacer efectivos estos derechos y recabar la tutela institucional y penal conviene contar con asistencia jurídica especializada. Las etapas de información y denuncia serán claves en esta clase de procesos. Y lo mejor es transitarlas de la mano de profesionales con compromiso y experiencia.
Impugnar un despido nos permite manifestar nuestra disconformidad con la decisión de la empresa de dar por terminado nuestro contrato. Como resultado podremos obtener el amparo de los poderes públicos, lo que nos podría conducir a recuperar nuestro puesto de trabajo o, al menos, a cobrar una mayor indemnización.
En este artículo exploramos el proceso de impugnación del despido, así como las consecuencias que pueden derivarse de tal impugnación. Pero antes de empezar debemos destacar que los plazos para ejercitar nuestros derechos son muy cortos, por lo que conviene que busquemos asesoría legal lo antes posible.
Para entender la impugnación del despido debemos aclarar tres conceptos previamente:
Así, la impugnación del despido trata de señalar la razón por la cual la decisión extintiva de la empresa no se ajusta a la legalidad. Es decir, por qué cae en uno de esos supuestos en que el despido no es completamente libre y debe, por tanto, bien indemnizarse o bien dejarse sin efectos.
Por regla general, el proceso de impugnación del despido consta de dos etapas:
Ambas etapas se regulan en detalle en la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
El acto de conciliación o mediación es un requisito previo a la presentación de la demanda, salvo en despidos colectivos o cuando se pretenda la defensa de derechos fundamentales o libertades públicas.
Para iniciar esta etapa deberemos presentar papeleta de conciliación, lo que suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. En el siguiente apartado se entenderá la relevancia de estos plazos.
En futuros artículos profundizaremos sobre el acto de conciliación o mediación.
Como hemos visto, salvo en contadas ocasiones, siempre necesitaremos tramitar la conciliación o mediación antes de acudir ante el juez. Intentada la conciliación tendremos que presentar una demanda para recabar su auxilio.
El mayor problema en este punto es que tan solo dispondremos de un plazo de 20 días hábiles para presentar la demanda. Por eso es importante detener los plazos mediante la presentación de la solicitud de conciliación y contactar con especialistas en la materia rápidamente.
De hecho, en el caso de que no estemos conformes con una carta de despido o de sospechar que vamos a ser objeto de un despido, es una buena idea ir contactando con laboralistas por si necesitamos su ayuda en un futuro.
El objetivo de la impugnación de un despido no es más que obtener la calificación del mismo. De la calificación del despido dependerán sus efectos jurídicos, existiendo tres posibilidades:
Como decimos, un despido es procedente cuando es acorde a los requisitos y formalidades impuestos en el Estatuto de los Trabajadores. Que dé lugar o no a una indemnización dependerá del tipo de despido (sobre esto profundizaremos en futuros artículos). En cualquier caso, la declaración de procedencia del despido simplemente convalida sus efectos.
El despido puede calificarse como improcedente cuando no se ajuste a la legalidad. Por ejemplo, puede que la empresa no haya concedido el correspondiente preaviso o que las razones alegadas en la carta de despido no sean ciertas. Cuando el Juez determina la improcedencia de la decisión extintiva la empresa tendrá que elegir entre pagar una mayor indemnización o readmitir a la persona trabajadora, abonándole los salarios de tramitación.
El despido se calificará como nulo cuando resulte discriminatorio o atente contra derechos fundamentales o libertades públicas. En estos casos quedará sin efectos, por lo que se deberá readmitir inmediatamente a la persona trabajadora y abonarle los salarios de tramitación. En su caso, se podrá exigir una indemnización por daños morales.
Como ves, al impugnar un despido abrimos varias posibilidades. Cada tipo de despido requiere una impugnación particular y cada declaración conlleva unos efectos, de los que aquí solo hemos recogido un resumen. Sigue nuestro blog si quieres conocer en detalle cada uno de estos elementos o contacta con nosotras si necesitas encontrar laboralistas para impugnar tu despido.